Batet al borde del delito tras el aviso del secretario general: «La responsabilidad penal es sólo tuya»

La presidenta del Congreso de los Diputados, la socialista Meritxell Batet, abrió la puerta en la Mesa de ayer a ejecutar la inhabilitación del condenado e inhabilitado Alberto Rodríguez (Podemos), como le instó el Supremo, cuando ella misma preguntó al secretario general de las Cortes si la responsabilidad de cumplir el oficio del Alto Tribunal era sólo suya, a lo que el letrado mayor replicó afirmativamente, según fuentes parlamentarias consultadas por OKDIARIO.

Tales fuentes parlamentarias, conocedoras de las deliberaciones a puerta cerrada, relatan a este periódico que tras esta consulta al secretario general de las Cortes, Batet dejó entrever que si ella era la que asumía la responsabilidad, entonces comunicaría al Tribunal Supremo, en respuesta a su oficio, la ejecución de la inhabilitación. Una declaración de intenciones con la vista puesta en evitar cometer un delito de desobediencia como la ex presidenta del Parlament Carme Forcadell. También Vox le alertó el martes de un posible delito de prevaricación.

Otra aclaración

Las fuentes citadas aseguran que Batet salió de la reunión este jueves prometiendo que en 30 minutos redactaría la respuesta al Alto Tribunal, pero lo que comunicó su gabinete a la prensa, al término de dicha Mesa de urgencia, fue que el órgano de gobierno de la Cámara «por mayoría de 5 (PSOE -sin Batet- y Podemos) a 3 (PP y Vox) ha acordado solicitar al Tribunal Supremo una aclaración sobre los efectos de su sentencia en la condición de diputado de Alberto Rodríguez». Y ello, añadió la nota, «sin perjuicio de la competencia de la presidenta del Congreso para dar respuesta al oficio del Tribunal Supremo recibido ayer sobre el inicio del cómputo de la pena».

Cabe recordar que el Alto Tribunal ya remitió una aclaración de sentencia al propio diputado, ratificando su inhabilitación. El pasado martes, este órgano, con los 6 votos de PSOE y Podemos frente a los 3 de PP y Vox, acordó que Rodríguez siguiera de diputado, dejando sin efecto su inhabilitación por inelegibilidad sobrevenida decretada por el Tribunal Supremo.

Por ello, y ante esta situación de rebeldía, el miércoles el presidente de la Sala de lo Penal, Manuel Marchena, se dirigió mediante un oficio a la presidenta del Congreso de los Diputados para que ésta remita al Tribunal Supremo «el informe sobre la fecha del inicio de cumplimiento de la pena de inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo impuesta al diputado de Unidas Podemos Alberto Rodríguez, con la finalidad de realizar la liquidación de su condena».

El Tribunal Supremo condenó a Alberto Rodríguez como autor de un delito de atentado a agentes de la autoridad a una pena de 1 mes y 15 días de prisión, con la accesoria de inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena. La pena de prisión se conmutó por pena de multa de 90 días con cuota diaria de 6 euros (en total, 540 euros).

No llevó firma

Sin embargo, tanto PSOE como Podemos se agarran a un informe encargado ad hoc a los letrados del Congreso, y que precisamente no llevó la firma de la Secretaría General frente a veces anteriores, como reveló OKDIARIO. Así, alegan que no cabe inhabilitación al estar ya ejecutada la pena de Rodríguez tras el pago de esa multa de 90 días que conmutaba los 45 días de prisión decretados por el Alto Tribunal como condena por un delito de atentado a la autoridad.

En cambio, PP y Vox inciden en que el Supremo ha sido claro sobre la ejecución de la sentencia y la inhabilitación, ahondando en que la «multa económica impuesta sólo sustituye -y únicamente porque se ha producido una atenuante muy cualificada- a la condena de privación de libertad, a la que la sentencia del Tribunal Supremo añade la inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de condena». «No se trata de un elemento sustitutivo, sino que es complementario», recalcan.

«Presiones»

En rueda de prensa, la vicepresidenta segunda del Congreso, Ana Pastor (PP), exigió a Batet que ejecute sin dilación el fallo del Tribunal Supremo, ya que, de no hacerlo, estará «incumpliendo una sentencia». Además, la ex ministra afeó a los socialcomunistas que la petición de aclaraciones es sólo una «maniobra de dilación» que no se puede «consentir».

Por su parte, el vicepresidente cuarto, Ignacio Gil Lázaro, de Vox, pidió a Batet no ceder a «presiones groseramente extrajurídicas» y ejecutar la inhabilitación del condenado por agredir a la Policía en una manifestación en 2014.

De otro lado, el secretario primero de la Mesa, Gerardo Pisarello (Unidas Podemos), acusó al Tribunal Supremo de «inventarse una pena que no viene en la sentencia».